Por Conrado Quezada R.
En México se usa comúnmente una frase que se repite con vehemencia: “Si no haces nada malo, nada malo te pasará”. La falacia de la negación del antecedente o la falacia del mundo justo terminaron por quedar expuestas, y el problema es que no lo vemos.
Pensar que hacer el bien es suficiente para evitar conflictos con la ley es peligroso y, con esa idea, intentamos alejarnos de la realidad violenta que vive México. Es una frase que permite quedarte al margen de los problemas y te expone al débil Estado de derecho que rige nuestra nación.
Daniel es un hombre joven, padre de familia, reconocido por sus amigos como una buena persona, un ciudadano honesto. Sus familiares aceptan que incluso verlo consumir una bebida o un cigarrillo es difícil.
Otras personas dicen que Daniel es amable, que ayuda en labores de la comunidad y facilita el desarrollo de los negocios de sus aliados. Su familia en Hermosillo tiene arraigo entre los comerciantes y sus hijos son estudiantes de educación básica. Nadie habla de santidad, sino de civilidad y respeto en comunidad.
Pero algo cambió y no fue su actitud, tampoco las labores cotidianas de Daniel. Lo que alteró su semana fue un trabajo, pues laboró como recepcionista de una persona que ahora enfrenta un proceso judicial en su contra y que no ha sido detenida, un caso que ha generado presión social entre las autoridades de Sonora.
Daniel es esposo de una sobrina de Maximiano “N”, el médico acusado de homicidio culposo por responsabilidad médica y mala praxis. Se le responsabiliza de la muerte de ocho personas y, hasta hoy, no ha sido detenido, a pesar de que hay una orden de aprehensión en su contra y una recompensa de un millón de pesos por información que permita su captura.
El buen Daniel
Dicen los familiares de Daniel que siempre estuvo dispuesto a colaborar con las autoridades ministeriales, que desde el inicio de las indagatorias participó en interrogatorios y cateos, con disposición. Hasta hoy, la autoridad ha realizado decomisos de bienes e inspeccionado viviendas, pero del médico no hay nada.
Se dice que hay hasta fotos de Daniel dialogando con los investigadores que acuden a él para avanzar en la obtención de datos que permitan localizar a Maximiano “N”, aunque no hay detención.
Pero la frase “Si no haces nada malo, nada malo te pasará” falló. El 6 de agosto, Daniel fue detenido, arrestado y presentado ante un juez, no por el caso de Maximiano “N”, no por dejar de colaborar, sino por delitos contra la salud.
El viernes 7 de agosto, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó:
“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación contra Daniel Humberto “N”, de 43 años, por su probable responsabilidad por delitos contra la salud, luego de que fuera detenido en flagrancia en posesión de droga en la colonia Jacinto López, en Hermosillo.”
Ese mismo día, el vicefiscal de Control de Procesos, Ramón Tadeo Gradillas Enríquez, informó que Daniel Humberto fue detenido en flagrancia por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en posesión de varios envoltorios con sustancias prohibidas por la Ley General de Salud.
“Fue por diversos delitos, nada tiene que ver”, afirmó el funcionario al ser cuestionado sobre la posible relación del detenido con el caso del doctor Maximiano “N”, quien permanece prófugo.
Curioso es que nadie en la Agencia Ministerial de Investigación Criminal se percatara de las acciones ilegales de Daniel, quien colaboró y hasta ayudó a ubicar posibles puntos donde su exjefe, Maximiano “N”, podría estar oculto. Incluso, dicen sus familiares que su hogar fue inspeccionado por orden judicial y no encontraron evidencia de posesión de sustancias prohibidas.
La detención de Daniel fue en un punto de la ciudad, aparentemente distinto al reportado por las autoridades y, al ser arrestado, fue despojado de su auto y trasladado por agentes de la Agencia Ministerial, por lo que la existencia de sustancias prohibidas podría tener otro origen.
La flagrancia fue por localizar sustancias en un auto y el auto fue inspeccionado y trasladado.
¿Cómo sucedió todo eso?
¿Es posible que la contaminación del vehículo haya sucedido cuando Daniel ya estaba arrestado y no pudiera evitarlo?
¿En qué momento fueron localizadas las sustancias?
¿Quién tuvo control del vehículo desde la detención hasta su aseguramiento?
¿Existe una cadena de custodia que permita responder cada duda?
Ser buena persona no evitó el problema legal para Daniel y ahora debe demostrar que él no es lo que la autoridad acusa, aunque el proceso lo llevará en libertad, según informó la Fiscalía en el comunicado del 7 de agosto.
“Como medida cautelar, el Juez determinó imponer medidas distintas a la prisión preventiva justificada, al considerar, entre otros aspectos, que se trata de un primodelincuente y que cuenta con arraigo en la ciudad”, dice el comunicado.
Daniel tiene ahora un problema penal, deberá enfrentarlo con sus recursos y no hay buena actitud que le permita evitar el proceso. La conducta favorable en sociedad no impidió que Daniel se sometiera al escrutinio de la autoridad.
Su detención en la colonia Jacinto López, justificada inicialmente por el exceso de velocidad, muestra cómo cualquier ciudadano, sin importar sus antecedentes morales, puede estar expuesto a ser interceptado, inspeccionado y procesado si la autoridad presume una situación de ‘flagrancia’
Aunque para sus familiares, amigos y vecinos se trata de una injusticia contra un trabajador íntegro y existe la sospecha de que la droga pudo haber sido ‘sembrada’ durante el arresto, jurídicamente la imputación tendrá que sustentarse con elementos materiales y probatorios incorporados al proceso.
El caso muestra que la “buena conducta” previa no opera como un escudo automático frente a los actos de autoridad. Y precisamente por eso el Estado de Derecho resulta fundamental.
En una sociedad no se trata de confiar en que una persona es buena o mala, sino de exigir que cualquier intervención de la autoridad pueda ser justificada, comprobada y sometida a control judicial.
“Para comprender el problema debemos reconocer que el desempeño de las autoridades mexicanas no es ejemplar. Nuestro país ocupa el lugar 121 de 143 países en el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project. En Justicia Penal ocupa el lugar 135 y en Justicia Civil el 134.”
El problema, entonces, no es únicamente la percepción de los ciudadanos: es la capacidad del sistema para garantizar que el poder del Estado tenga límites efectivos que garantice a sus ciudadanos procesos confiables y eficaces para la procuración y administración de justicia.
Tal vez este fenómeno explique por qué nuestro país rompió la barrera de las 100 mil personas encarceladas sin sentencia firme que denunció el colectivo “No Más Presos Inocentes”.
Según datos publicados el mismo día que Daniel fue detenido, en México hay al menos 102 mil 53 personas presas bajo prisión preventiva según datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria, cifra que representa el 40.4% de la población carcelaria total.
Daniel no necesitaba ser una buena persona para que sus derechos fueran respetados. Tampoco necesitaba ser conocido, tener arraigo o contar con amigos que hablaran bien de él y tuvieran el valor de tomar las calles como sucedió el viernes 7 de agosto. Eso debería ser irrelevante.
El Estado de Derecho existe precisamente para que la autoridad no tenga que decidir quién merece protección y quién merece sospecha.
Porque quizá el verdadero problema de aquella frase no es que haya fallado con Daniel. El problema es que alguna vez creímos que necesitábamos ser buenos para estar a salvo del Poder que hoy avanza con propuestas que imponen más normas y reglas al ciudadano y no límites al actuar de la autoridad.