Por Conrado Quezada R.
Aún hay muchos números por analizar y datos por revisar; sin embargo, los avances en el conteo que realiza el Instituto Nacional Electoral y algunas encuestas de salida nos dan la posibilidad de tener algunos análisis interesantes de camino al cierre de las elecciones del pasado 1 de junio en México.
El pasado domingo, los mexicanos fuimos convocados a elegir por primera vez en la historia a los integrantes del Poder Judicial federal y estatal. Mediante este proceso, se pretende eliminar la corrupción al interior del Poder Judicial, mejorar la administración de justicia en el país y darle la oportunidad a las y los mexicanos de elegir a sus jueces.
Mucho se debatió durante un año la trascendencia de este proceso. Algunas voces críticas advertían que es incorrecto elegir a quienes desempeñan labores tan técnicas como la de juez, magistrado o integrante de alguno de los órganos del Poder Judicial.
Otros más reiteraban la importancia de renovar uno de los poderes del Estado mexicano, encargado de la administración de justicia y que ha sido señalado por cometer actos incorrectos, como la liberación de delincuentes, atrasos en la impartición de justicia y hasta beneficiar a las élites mexicanas.
Después del debate, los datos nos permiten hacer un análisis y empezar a vislumbrar quiénes podrían haber tenido razón desde un principio, y desnudar lo que aparenta ser un cambio radical al Estado mexicano, en venganza por decisiones contrarias al deseo de los integrantes del Poder Legislativo y del Ejecutivo desde el Poder Judicial. Ni hablemos de la posibilidad de incrementar la burocracia y llenar de militantes y simpatizantes un poder que se había mantenido al margen —al menos en apariencia— de la influencia de los partidos políticos en el país.
Hasta las cinco de la tarde del 3 de junio de 2025, el Instituto Nacional Electoral daba cuenta de los primeros datos interesantes: la participación total apenas superó el 12 % de la lista nominal. Esto significa que solo 12 personas de cada 100 con credencial vigente acudieron al llamado a las urnas. Pero eso no es todo: ese 12 % resultó en 11,884,992 votos válidos; solamente el 77 % de todos los votos recibidos sirvieron para nombrar a un magistrado, a un juez o a los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.
De los más de 15 millones de votos emitidos, 12,182,384 fueron votos nulos y 13,594,527 fueron boletas no utilizadas, lo que se refiere a papeletas con espacios sin marcar, sin registros en los recuadros o con alguna otra característica que no permite identificar con claridad el sentido del voto.
El 12.15 % de los votos emitidos no fueron validados por fallas cometidas por los votantes. ¿Podremos comprobar esta realidad? Quién sabe.
La pregunta que sigue a estos datos radica en la validez de los nombramientos. Según la modificación constitucional realizada en septiembre de 2024, el aspirante a magistrado de la Suprema Corte de Justicia con más votos sería nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por dos años. Hasta el momento, Hugo Aguilar Ortiz —un perfil propuesto por el Poder Ejecutivo— sería presidente del máximo tribunal en México con 5,856,801 votos, ni siquiera la mitad de los votos anulados o no utilizados.
¿Es válido nombrar presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a una persona electa en un proceso en el que hubo más votos nulos o no utilizados que los que definieron su cargo?
Hay otros datos que resultan interesantes, y estos aparecen en una encuesta realizada por El Financiero a quienes participaron en este proceso. En esa encuesta de salida, el 27 % correspondió a personas de 60 años o más, el 10 % a personas de 55 a 59 años y el 11 % a personas de 50 a 54 años. Es decir, el 47 % del total de votantes en el proceso de elección al Poder Judicial tiene 50 años o más.
Llama la atención la relación entre los grupos que votaron predominantemente y los beneficiarios de los programas sociales más importantes del gobierno federal, o futuros beneficiarios de los mismos. El grupo que menos participó fueron los jóvenes de 18 a 24 años. También, la mayoría de los votantes tiene título universitario o más; le siguen quienes tienen estudios de educación media superior y, en tercer lugar, los que tienen educación secundaria, técnica o equivalente.
Según esta encuesta de El Financiero, el 46 % de los participantes son personas de clase media, el 32 % de clase media baja y apenas el 14 % de clase baja. Con estos datos podemos decir que las personas que más participaron en esta elección son adultos o adultos mayores que estudiaron universidad y que forman parte de la clase media. Y en conjunto, no sumaron ni el 13 % de la población en edad de votar y con credencial de elector vigente.
Con estos primeros datos, podemos concluir que quienes fueron a votar tuvieron complicaciones para comprender el proceso —de ahí la cantidad de boletas con espacios en blanco o ilegibles—, otro porcentaje decidió eliminar su voto, y apenas el 76 % tenía un candidato o candidata definido. Ese porcentaje, dividido entre la gran cantidad de candidatos, terminó con un proceso confuso y sin ganadores con apoyo democrático claro y evidente.
Solo estos elementos, lejos de la discusión ideológica, técnica o política, deberían ser suficientes para corregir el procedimiento de cara a las elecciones de 2027. Ese año, el proceso de elección de integrantes del Poder Judicial se combinará con el proceso de elección de gubernaturas, diputaciones locales, diputaciones federales y alcaldías. El 2027 quizá tengamos mayor participación de ciudadanos para elegir a integrantes del Poder Judicial, pero eso no significará que los votos siquiera sean válidos.
Alguien debe corregir.