Por Conrado Quezada R.
El 27 de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y empresarios gasolineros firmaron un acuerdo para mantener el precio de la gasolina Magna en no más de 24 pesos por seis meses. Mala idea que se vende de forma ideal aunque no se ejecute.
Ya sabemos lo que pasó con aquel acuerdo del 2022 contra la inflación, posteriormente el convenio con la empresa Walmart para hacer “todo lo posible” para no subir los precios. Fotos, firmas, discursos y señalamientos contra los empresarios que, después de dos años y casi tres meses, no disminuyeron la inflación como decían, ni hasta hoy.
La “política económica” del actual gobierno no es muy distinta a la de Andrés Manuel López Obrador: mucho discurso de tinte socialista, poca acción real y mucho beneficio a los ricos de siempre. Como toda intervención.
Empecemos con el ejemplo
Walmart es la mayor tienda minorista de México. Solamente esta tienda tiene el 25% del mercado en el país, y el resto se divide entre supermercados como Soriana, Ley, Chedraui, Superama y algunas más que deben operar regionalmente. Firmar un acuerdo para mantener precios puede resultar sencillo para una empresa de ese nivel.
Pero es más sencillo si, para lograr los acuerdos con la política, se aprovecha de sus proveedores, como lo demostró la Cofece dos años después al sancionar a la empresa porque imponía sanciones y precios de compra a sus proveedores.
“Durante 13 años, Walmart utilizó su poder de mercado para imponer condiciones abusivas a sus proveedores, obteniendo ventajas ilegales frente a sus competidores. Walmart contaba con un sistema que le permitía imponer descuentos discrecionales para forzar a sus proveedores a no dar mejores precios y condiciones a otras tiendas de autoservicio, afectándolos gravemente, en especial a los pequeños y medianos”, dice el comunicado de Cofece en su portal.
Fuente: Cofece
Así no es difícil lograr acuerdos y presumir firmas de convenios con la política. Aunque luego la política le cobra el fallo.
Las gasolinas
Volviendo al tema de las gasolinas, un nuevo riesgo de incremento de precios hace que la política salga en defensa de los ciudadanos, impidiendo que los empresarios abusivos se aprovechen de la necesidad obteniendo grandes utilidades a costa de los mexicanos. Entonces, reaparece el plan.
Ahora, la idea de este acuerdo, que es voluntario entre empresarios gasolineros y el gobierno federal, tiene como propósito estabilizar el precio de la gasolina Magna en menos de 24 pesos por litro durante seis meses.
Tan parecido es el plan que hasta la presidenta Claudia Sheinbaum lo comparó con el PACIC, el acuerdo antes mencionado contra la inflación y la carestía de AMLO.
En teoría, esta medida beneficia a los consumidores al evitar incrementos abruptos en la gasolina, pero, en contraparte y frente a la realidad, este plan podría afectar a gasolineras, especialmente a las que operan con márgenes superiores a 2 pesos por litro.
La advertencia existe
Según un estudio de Petro Intelligence, de las más de 10 mil estaciones de servicio que operan en México, alrededor del 46%, lo que representa 4 mil 827 estaciones, podrían enfrentar dificultades económicas.
Todas esas podrían quedar expuestas por Profeco, que anunció medidas de presión para el cumplimiento del acuerdo, como inspecciones y advertencias públicas.
Los expertos que realizaron el estudio de Petro Intelligence advierten que el control de precios podría incentivar el mercado ilegal de combustibles y afectar la infraestructura energética. En contraparte, se sugieren alternativas como subsidios focalizados o ajustes en impuestos para compensar las pérdidas sin afectar los precios al público.
Porque la solución de la política es la narrativa, y la del empresario, el subsidio. ¡Claro, subsidios!
En realidad, empresarios y políticos no terminan por entender que el problema de México es la pobreza de sus habitantes, que, aunque gocen de un salario mínimo históricamente alto y se trabaje en coordinación para lograr acuerdos, las y los mexicanos mantienen un sistema de subsistencia.
Lo que no dicen
La realidad es clara, y los políticos junto con empresarios solamente cargan la mano a los más pobres, a los que apenas intentan sacar adelante un trabajo, una empresa o un proyecto. Con sus acuerdos, limitan la competencia y unos siguen en el poder mientras otros obtienen las utilidades.
El libro 4000 años de control de precios y salarios: cómo no combatir la inflación, de Robert Schuettinger y Eamonn F. Butler, publicado por primera vez en 1979, explica que los controles de precios y salarios son contraproducentes para los países.
En resumen
Las políticas de control de precios son dañinas porque desorganizan la producción y la distribución.
Las políticas de control de precios crean una fuerte división social.
Las políticas de control de precios fomentan la puesta en marcha de restricciones que amenazan la libertad política de los individuos.
Y, por supuesto, no solucionan el problema que prometen resolver. Incluso profundizan las famosas desigualdades, concentrando el capital entre aquellos que son capaces de cargar con el costo acordado, limitando la producción, los trabajos y concentrando la riqueza.
Como con Walmart, con su poder de influencia en el mercado imponiendo precios a sus proveedores, los gasolineros más grandes podrán aguantar el acuerdo negociando sus costos, incluido el del empleado y sus derechos.
Los gasolineros más pequeños, incapaces de hacer frente al problema, dejarán de vender Magna o simplemente ajustarán un número aquí y otro allá para sostener el negocio. En lugar de un empleado por bomba, podrían ser un empleado por cada dos o tres.
El control de precios crea más problemas que soluciones. Limita la creación de empleos, de bienes y servicios, el crecimiento de empresas y la competencia entre empresas.
El control de precios en México no es nuevo y, quizá el más dañino, pero menos cuestionado, es el control del precio de la hora de trabajo. ¿Te atreverías a revisar lo que eso significa?