Por Conrado Quezada R.
La lucha contra la corrupción quedó en el olvido, pero la palabra «corrupción» ha servido para desgastar las marcas de la oposición, que se queda sin liderazgos mientras el partido oficial los adopta y los mexicanos reciben programas y servicios sin recursos suficientes.
Hoy, los fundadores de MORENA se someten a la «Ley de Hierro de las Oligarquías», un principio de las ciencias políticas formulado por Robert Michels en 1911, en su libro Partidos Políticos. Esta ley explica cómo toda organización, sin importar cuán democrática sea en sus inicios, inevitablemente desarrolla tendencias oligárquicas, haciendo imposible la verdadera democracia.
Según la definición disponible en Wikipedia, la «Ley de Hierro de la Oligarquía» establece que «todas las formas de organización, independientemente de cuán democráticas puedan ser al principio, eventualmente e inevitablemente desarrollarán tendencias oligárquicas, haciendo así práctica y teóricamente imposible la verdadera democracia».
Ejemplos recientes
De acuerdo con esta ley, la democracia y la organización a gran escala son incompatibles. Un ejemplo claro es Alejandro Murat, exgobernador priista que fue objeto de las críticas por corrupción de MORENA, partido que ahora lo arropa en su militancia.
Algo similar sucede con Miguel Ángel Yunes, exgobernador panista de Veracruz y blanco de las críticas morenistas durante las campañas electorales. Hoy, tras su apoyo a la reforma del Poder Judicial, abandona el PAN y se suma a las filas del partido oficial.
La molestia de antiguos militantes y fundadores de MORENA, quienes luchaban contra los abusos del neoliberalismo, el «prianato» y los gobiernos del pasado, se diluye en meros rumores. La corrupción que prometieron erradicar persiste, ahora bajo una nueva marca política, pero con los mismos actores.
No es algo sorprendente. El reciclaje político no comenzó con Claudia Sheinbaum, sino con Andrés Manuel López Obrador, quien integró a personajes como Alejandro Gertz Manero, Manuel Bartlett y Manuel Espino. La ley de Michels se cumple: Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo solo observaron el avance de la historia.
Y la corrupción
El golpe más fuerte a la narrativa de MORENA sobre la lucha anticorrupción y su afán por desmarcarse de las viejas prácticas políticas radica en los nombres que aún prevalecen y en el creciente desgaste de su discurso.
Juan Ortiz, analista de Lupa Legislativa, expuso que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 51 mil millones de pesos durante 2023. Entre los casos destacados, el Tren Maya registró sobrecostos por 2 mil 592 millones de pesos, el IMSS pagó mil 225 millones en servicios sin comprobar y Birmex perdió mil 44 millones en medicinas fantasma.
En 2023, Segalmex, Diconsa y Liconsa continuaron gastando recursos públicos sin rendir cuentas por más de 146 millones de pesos. Las irregularidades en toda la administración federal sumaron 6 mil 872 millones de pesos en 2022 y casi se duplicaron en 2023, alcanzando 11 mil 173 millones.
Birmex, responsable de la distribución e importación de medicamentos y operadora de la «megafarmacia», acumuló mil 44 millones de pesos en pagos sin comprobar, medicamentos caducos y contratos sin justificación.
Programas sociales
No solo las obras magnas presentan fallas. La ASF detectó que, en 2023, se entregaron 374 mil 500 pesos a 106 estudiantes ya fallecidos. Además, identificó 731 millones de pesos en pagos sin justificación y, en el IMSS, 984 millones por servicios de laboratorio y anestesia sin pruebas de ejecución en Yucatán, Baja California, Quintana Roo, Campeche, Oaxaca, Tabasco, Nuevo León, CDMX y Jalisco.
Asimismo, se reportaron 241 millones de pesos en estudios de laboratorio sin respaldo en Nuevo León, Jalisco, Campeche y Oaxaca. PEMEX, la empresa rescatada de la privatización por la 4T, tiene 971 millones de pesos en gastos sin aclarar y deudas con más de 10 años de antigüedad. Su exdirector ahora encabeza el Infonavit, institución que tendrá una empresa filial para construir vivienda.
Aunque no se puede afirmar que estos recursos terminaron en cuentas privadas, las irregularidades y la impunidad también constituyen corrupción.
Una historia sin fin
Quienes esperaban un cambio profundo con MORENA quizá mantengan la esperanza, pero la dirigencia se aleja de sus ideales para estructurar un sistema que asegure triunfos electorales. Por ello, adoptan a expertos en esas prácticas, sumando apellidos icónicos.
Las cúpulas se imponen a la base militante y, con tal de conservar el poder, integran a quienes dominan el juego político, alejándose de la promesa de sancionar a quienes se enriquecieron a costa del país.
La corrupción y el gasto descontrolado forman parte del esquema. El dinero no desaparece; se redistribuye, alimentando el clientelismo político que perpetúa la pobreza como herramienta electoral.
Programas sociales, gasto sin control y recompensas para quienes siguen la línea oficial continúan siendo el estilo predominante. Lo que antes era propio del PRI, adoptado luego por el PAN y ahora por MORENA, requiere un sistema de gasto sin fiscalización.
La única diferencia es que hoy la corrupción ya no es un problema nacional, siempre que no lleve apellidos como Yunes, Murat o Bartlett. Los militantes de MORENA deben comprender que la prioridad cambió: se trata de mantener el poder, y si ello implica perdonar lo que antes combatían, así será.
Para conservar el poder, la cúpula de MORENA abandona sus principios tras la cortina de la corrupción del pasado. Así se cierra el círculo que describía Michels: las bases pierden voz, las élites se fortalecen y la democracia interna se desvanece.
Quizá la verdadera pregunta ya no sea si MORENA traicionó sus ideales, sino si alguna vez fue posible escapar de la ley que, inevitablemente, termina por imponerse. ¿Acaso alguien, dentro o fuera del partido, logrará romper con esa herencia?