Por Conrado Quezada Rodríguez
Apenas la semana pasada advertimos el riesgo de la deuda pública del Gobierno Federal. El lunes, los empresarios de Sonora anunciaron su disposición a aportar más impuestos al Gobierno estatal, mientras descubrimos nuevos gravámenes en la entidad que, francamente, no son necesarios.
El miércoles 20 de noviembre, los impuestos cedulares y un nuevo cargo al consumo de bebidas alcohólicas quedaron descartados, gracias a un generoso incremento en las participaciones federales para Sonora, que harán innecesario aumentar la carga tributaria a los sonorenses.
Estos impuestos aparecían en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2025 enviada por el Poder Ejecutivo estatal, encabezado por Alfonso Durazo, y que debe ser «revisada» (entre comillas, por supuesto) por el Poder Legislativo, liderado actualmente por Omar del Valle Colosio, legislador del Partido Verde Ecologista.
En la propuesta original ya se incluye un incremento de un punto porcentual al Impuesto sobre Productos del Trabajo (ISPT), o, como lo conocemos comúnmente, el Impuesto Sobre Nómina. Este aplicaría a empresas con más de 100 empleados y aportaría más de 970 millones de pesos a las arcas estatales. ¡Este no desaparece, eh!
Los que sí fueron eliminados son tres impuestos cedulares del 3.5% a los ingresos: uno por la prestación de servicios profesionales, otro por la renta de bienes inmuebles, y un tercero por la enajenación de propiedad raíz. El primero aportaría 48 millones de pesos; el segundo, 59 millones; y el tercero, 25 millones.
Además, se proponía un impuesto del 4.5% al consumo final de bebidas alcohólicas, que generaría 16 millones de pesos. Según los legisladores, que representan a las fuerzas políticas aliadas al Gobernador, este ingreso adicional también dejó de ser necesario.
Y todo, ¿para qué?
El hecho de que no sean necesarios hoy no significa que no serán aprobados. Los legisladores podrían dar luz verde a estos cuatro nuevos impuestos en Sonora, justificando que ya existen en otras entidades. Sin embargo, podrían tasarlos inicialmente al 0%, lo que significa que no habría nada que cobrar, pero las bases legales quedarían establecidas.
En otras palabras, se aprueban hoy con una tasa simbólica y, en el futuro, podrían ajustarse al porcentaje requerido sin necesidad de justificar nada. Así, se evitaría pagar el costo político de aumentar impuestos en el presente, dejando el camino libre a un nuevo gobierno o legislatura para implementarlos en 2026, 2027 o incluso 2030.
La pregunta clave es: ¿para qué necesita el Estado más dinero? Existen innumerables necesidades en materia agrícola, hídrica, de seguridad, infraestructura, capacidad hospitalaria y calidad educativa. Sin embargo, las prioridades del gobierno actual parecen estar en otro lado.
A nivel federal, observamos recortes en universidades, salud y educación, mientras se destina más a trenes, apoyos sociales y programas de dispersión de recursos. A nivel estatal, el panorama es distinto: vemos anuncios sobre ampliaciones de puertos, carreteras, becas, parques e, incluso, gastos en celebraciones.
Una administración que ha destacado en la entrega de uniformes escolares, programas históricos de becas y la recuperación de áreas como La Sauceda, ¿para qué querría más dinero? Sobre todo si puede destinar hasta 50 millones de pesos a sorteos de carros, casas, reconocimientos y conciertos para la burocracia. Sobra lana, ¿no?
En perspectiva
50 millones de pesos equivalen al ingreso de tres años del impuesto al consumo de bebidas alcohólicas que ya no va, pero iba. Más que el ingreso proyectado por el impuesto a los ingresos por servicios profesionales o la venta de bienes raíces, que tampoco serán necesarios. Incluso es comparable al monto que generaría el impuesto por la renta de inmuebles.
Las dificultades económicas nos afectan a todos, no solo a los gobiernos. Si la deuda federal aumentará y la estatal también, es momento de replantear el gasto público. 50 millones de pesos para una fiesta equivalen a tres años del presupuesto del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) en Álamos del próximo año.
En un solo día, la burocracia sonorense gastó el doble de lo que costó renovar las instalaciones de la ExpoGan en 2024, también financiadas con recursos públicos. Subir impuestos en tiempos difíciles no es el camino. Sobre todo cuando el próximo año no augura buenas condiciones para los negocios ni las inversiones.
Ah, pero claro: seguramente quienes gobiernan en Sonora coinciden con quienes gobiernan el país y proyectan un crecimiento nacional de hasta el 3%. Según esta lógica, el Gobierno federal enviará más recursos al estado el próximo año.
Tranquilos, no hay que alterarnos. Quizás ya no sea necesario usar el crédito aprobado el jueves en comisiones para sumar mil 500 millones de pesos más a los 7 mil autorizados de 2021 a 2023. Y ojalá la fiesta de la burocracia en diciembre de 2025 sea excelsa.
¿Quién necesita austeridad cuando la economía y el crecimiento van viento en popa?