Por: Conrado Quezada R.
Según datos facilitados por el presidente de Canadevi en Sonora, Norberto Larrínaga en entrevista exclusiva con Número 1 Noticias, una vivienda de interés social de 35 metros cuadrados cuesta 800 mil pesos; para adquirirla a crédito se requieren ingresos mensuales superiores a los 22 mil pesos.
El salario promedio de los sonorenses registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, al cuatro trimestre del año pasado, es de poco más de 8 mil 100 pesos. Un maestro recién egresado que trabaje en una escuela privada no puede pagar ni un mes de esa casa.
Los profesionistas en México tienen un salario promedio de 13 mil pesos. Eso los descalifica para obtener un crédito de 780 mil pesos. Que un trabajador mexicano no obtenga ingresos suficientes para contratar un crédito de 800 mil pesos para comprar una casa de 35 metros cuadrados a 20 años debería indignar a cualquiera.
El tema ha servido de agenda política para impulsar carreras de legisladores y líderes sindicales, pero el camino que se sigue va rumbo al despilfarro para desarrollar el maquillaje de la realidad que, al final, sorprenderá a los incautos como las influencers expertas del maquillaje que logran transformar su imagen y engañar a los incautos.
El camino
La semana pasada, en la Cámara de Senadores, se aprobaron modificaciones a la Ley de Infonavit sustentadas en una promesa: construir casas de interés social y reducir el rezago nacional de 8 millones de viviendas para los trabajadores mexicanos.
La promesa fomenta la idea de que “la política” sabe qué hacer para que las y los trabajadores de México puedan adquirir una casa y garantizar con ello el “Derecho a la Vivienda”. Idea buena pero que encierra la trampa de la definición ajena de vivienda.
La realidad es un muro que impide convertir en Derecho toda necesidad. Al final la idea “buena onda” se convierte en lo único a lo que se tiene acceso, limitando el verdadero Derecho a decidir por el Derecho a recibir lo que otra persona decide qué es lo que se tiene.
La idea previa es complicada de entender pero es fácil de sufrirla. Definir la vivienda con base en regulaciones creadas desde la política somete a los que menos ganan a planes hipotecarios que los condenan a créditos extensos a cambio de algo que parece una casa.
La historia
Hace 20 años, cuando las casas de interés social tenían menos de 60 metros cuadrados de construcción se advertía la sentencia a la hacinación de las familias de tres o cuatro miembros que compartían cuartos de 12 metros cuadrados a los que se sumaban 30 metros cuadrados de cocina, comedor, sala y baño.
Hoy el concepto “casa de interés social” se redujo a menos de 40 metros cuadrados, con un costo de 800 mil pesos por cada una y una obligación de ingreso superior a los 20 mil pesos mensuales para adquirir un crédito que, después de 25 años, te ofrece la posibilidad de escriturarla.
¿Quién decide qué es una vivienda?
¿Quién decide cuántos metros debe tener una casa?
¿Cómo definen lo que una familia de trabajadores mexicanos adquirirá a crédito?
La respuesta inicia entre quienes definen las normas y las leyes, ellos y ellas crean lo que una familia tendrá por vivienda de interés social, pero sometiendo ese mismo concepto a una negociación con los que desarrollan vivienda. En la definición no participa el comprador, es decir: se decide por el trabajador.
El engaño
El trabajador sabe que la Ley define su derecho a poseer una vivienda, esa misma Ley establece los mecanismos de adquisición y por lo tanto el financiamiento para después crear el inmueble que, para existir, requiere cubrir los costos definidos por el mercado laboral y de materiales que está fuera de esa Ley.
Así, se maquilla la realidad del mercado de la construcción. generando un producto que cuesta lo que el político quiere sin que eso le pese en popularidad y que cuenta con las características que el constructor requiere para financiarlo y seguir con su negocio.
El político y el constructor no sacrifican presupuesto o utilidad, solamente definen lo que deberá comprar el trabajador con el esquema que garantiza el “Derecho a la vivienda” que termina por encerrar a una familia en menos de 40 metros cuadrados durante más de 20 años ¡si bien les va!.
Con la modificación a la Ley de Infonavit la promesa es incrementar la oferta de casas de interés social, para ello la institución hará uso de 2.4 billones de pesos que los trabajadores y patrones han aportado durante medio siglo.
Una idea “buena onda”
Se ha explicado que ese recurso de más de 2 millones, de millones, de pesos se acumuló porque no es viable comprar una vivienda de menos de 1 millón de pesos y los beneficiarios no ganan más de 28 mil pesos al mes para contratar el crédito que permita la compra.
Pero lo más absurdo es pensar que con ese recurso de billones se construirán 500 mil viviendas, pues si se necesitan 2.4 billones de pesos para lograr la meta sexenal, cada casa tendrá un costo de casi 5 millones de pesos, lo que deja de lado la idea de “interés social”, al menos en costo.
La farsa de la lucha contra el rezago de 8 millones de viviendas de interés social basada en el cambio del sistema de administración del Infonavit no cuadra, pero no sólo porque el plan es incorrecto, sino porque no cambia el nivel de vida de los mexicanos, a lo sumo lo maquillará dentro de 35 metros cuadrados.
La pobreza ata el deseo
Quizá el camino popular, para el político y la política mexicana, es plantarse como los salvadores de las familias mexicanas. Ensalzar la promesa del Derecho a la vivienda y defender al trabajador de la avaricia de los constructores.
Así llega el mensaje que genera la libertad de tomar el dinero que no les pertenece, tomar los recursos que están en manos del Infonavit y decidir, según la política, la mejor forma de gastarlo. Aunque para ello contratarán a los mismos desarrolladores de vivienda y pagarán 800 mil pesos por 35 metros de casa. Porque ese es el precio.
El trabajador no necesitará ganar más de 8 mil pesos al terminar su preparación profesional, la política ya decidió que su casa tendrá las características que requiere una construcción de 800 mil pesos. Se pagará al constructor y el compromiso de pago dependerá de la política, no del cumplimiento.
Los empleados de la Iniciativa Privada ya no necesitarán presionar a su patrón por mejor salario, la política les dará 35 metros cuadrados de casa en algún punto de alguna ciudad y no será requisito el ingreso.
Las casas valen lo que valen
El empresario elimina el riesgo. La política le encarga 500 mil viviendas y ya no se preocupa por la ubicación competitiva, el diseño atractivo, los espacios mínimos que dignifiquen la vida. Entregará la obra, recibirá su cheque y quien habita el producto no es su cliente, el cliente es la política.
El costo de una casa tiene variables y depende de mercados internacionales, las utilidades, como la de todo producto, varían. Pero seamos honestos: ¿Qué importa una utilidad del 5%, si es una utilidad segura?
La casa se pagará, no hay necesidad de ir a buscar mercados o compradores. Asumamos que se construirán 500 mil casas a 800 mil pesos, son 400 mil millones de pesos lo que representa 20 mil millones de pesos en utilidades del 5% ¡garantizadas!
Y si en el camino mermamos la calidad de materiales para aumentar la utilidad el contrato no es con el constructor, es con Infonavit y para eso hay, aún, dos billones de pesos libres en el fondo de una empresa filial, creada para el proceso.
Perder la libertad
Se dispondrán de 2.4 billones de pesos que pertenecían a los trabajadores en un plan político y no hay quien lo impida. Los trabajadores formales de Sonora y todo México seguirán aportando cada bimestre a ese fondo, aunque ganen los mismos 8 mil pesos en promedio cada mes.
Los trabajadores con acceso a Infonavit, que son menos de la mitad de todos los trabajadores de México, no podrán elegir la casa que se adapte a sus necesidades a causa de la pobreza salarial a la que están sometidos.
Sus salarios no necesitan ser mejorados y del lado empresarial la presión por falta de vivienda disminuye. Si la subcontratación de constructores es el esquema a utilizar, son los constructores los más beneficiados y los trabajadores derechohabientes sometidos.
Empleados y empleadas recibirán a cambio una vivienda de 35 metros cuadrados que pagarán durante la mayor parte de su vida productiva, claro, después de que la política aprobó democráticamente disponer de los recursos que les han sido cobrados obligatoriamente de cada cheque, sin que tampoco tengan opción de negarse.