El Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal de Sonora que establece penas de tres a ocho años de prisión para quienes, mediante engaños, presión o manipulación, retengan, utilicen o dispongan sin consentimiento de los recursos que reciben personas adultas mayores y personas con discapacidad a través de programas sociales.
La modificación, propuesta por la diputada Alejandra López Noriega, adiciona el artículo 303 Bis y contempla además multas económicas y la reparación del daño para quienes hagan uso indebido de estos apoyos, que son considerados recursos personales de sus beneficiarios.
Durante el análisis en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad, la propuesta amplió su alcance para incluir a las personas con discapacidad, con el propósito de reforzar la protección ante posibles casos de abuso económico y aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad.
La reforma establece que las sanciones podrán incrementarse cuando el responsable sea un familiar directo, cuidador o tutor de la persona beneficiaria, debido a la relación de confianza o responsabilidad que mantiene con quien recibe el apoyo.
López Noriega señaló que los recursos de las pensiones y programas sociales pertenecen exclusivamente a quienes los reciben, por lo que la reforma busca proteger tanto su patrimonio como su autonomía económica y su derecho a decidir sobre el destino de estos apoyos.